El fraude en los seguros se ha convertido en un problema estructural en la Argentina. Según datos del sector, casi la mitad de las indemnizaciones abonadas por las compañías no corresponderían a hechos reales, sino a maniobras fraudulentas que encarecen las pólizas y afectan directamente a los asegurados honestos.
Las formas más habituales de fraude
Las compañías identifican cuatro mecanismos principales:
- Simulación de siniestros: accidentes inventados o exagerados con apoyo de testigos falsos y pericias médicas adulteradas.
- Declaraciones engañosas: omitir o falsear información clave sobre bienes asegurados o circunstancias del hecho.
- Documentación adulterada: presentar facturas, informes médicos o denuncias apócrifas.
- Fraude informático: maniobras de robo de identidad y estafas digitales como el phishing.
Para combatir estas prácticas, las aseguradoras trabajan en red y emplean tecnologías de Big Data y análisis de patrones que permiten detectar reclamos sospechosos.
Consecuencias legales y económicas
El fraude en seguros no solo constituye un delito penal contemplado en el Código Penal argentino, con posibilidad de prisión, sino que también habilita la nulidad de las pólizas y provoca un aumento de las primas. En otras palabras, el costo recae finalmente en el conjunto de los asegurados.
Debate en el Congreso: penas más duras
Un proyecto presentado por el diputado Cristian Ritondo propone elevar las penas para quienes cometan fraude contra aseguradoras. La iniciativa plantea modificar el artículo 174 del Código Penal e imponer de 4 a 6 años de prisión efectiva a quienes simulen siniestros o presenten documentación adulterada con el fin de cobrar un seguro.
La iniciativa busca terminar con lo que el sector define como una "práctica habitual", que no solo afecta a las compañías sino también a los clientes, quienes pagan pólizas más caras debido al desvío de fondos.
El fallo que marcó un precedente
En el fuero comercial, una reciente sentencia rechazó la demanda de una mujer que intentaba cobrar el seguro de un iPhone robado. El tribunal determinó que el contrato cubría otro aparato —un Samsung registrado originalmente— y que no había sido informado el cambio del dispositivo, lo que alteraba el riesgo asegurado.
Los jueces remarcaron que la designación precisa del bien asegurado es un elemento esencial del contrato y que cualquier modificación debe ser comunicada. De lo contrario, la cobertura resulta inválida.
Un problema que encarece todo el sistema
Los expertos coinciden en que el fraude en los seguros no es un delito menor. Sus efectos impactan de manera directa en los costos del sector y generan un círculo vicioso: más fraudes, más gastos para las aseguradoras y, en consecuencia, mayores primas para los asegurados que cumplen con las normas.